Recuerdo que, en 1998,
en Ciudad Guayana, urbanismo creado a los galopantes pasos de la
industrialización de las abundantes riquezas minerales, hidráulicas, forestales
y, de todo tipo, prodigiosamente enclavada en estas tierras de gracia, sólo
existía un tribunal con competencia laboral.
Cuando se crea una
ciudad, todo falta o escasea.
En tales escenarios, la
barbarie anda suelta. E, impone su ley.
Así que, hablar de justicia, en esas situaciones al
igual que cultura, música, solidaridad y, otras maravillas humanas, es de un
desentono total que, en vez de enaltecer a sus pregoneros, la jauría humana
extraviada lo hacen objeto de sus burlas y , mofas!
La justicia laboral
era, en esa época, al igual que hoy, una simple quimera.
Eso, tenía que cambiar.
Y, vino Chávez con su
proceso constituyente.
El látigo verbal del
líder barinés, en cuanto al funcionamiento de la justicia como parodia, era
fustigante.
Con la virulencia de su
lenguaje provocó, en el ámbito de la justicia, reaciones de esperanzas cultivadas por los ciudadanos.
Del proceso
constituyente nació la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y,
en las ancas de la misma, la justicia laboral especializada, la cual, adquirió,
acto seguido, identidad propia, con la
promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Vinieron los tribunales
laborales, incluida, su Sala de Casación Social, con sede en Tribunal Supremo
de justicia.
Con esa base institucional
como nunca la hubo, un soplo de viento guapo, cargado, de ilusiones, inundó el
país.
Se respiraba en los
espacios sensibles del país que, al fin, los trabajadores tendrían justicia.
Pues, a la cabeza de
ese andamiaje institucional/jurisdicional, recien creado, estan los principios
y normas, de rengo constitucional del derecho del trabajo que, sin dudas, mucho
pueden ayudar, a los operarios del derecho del trabajo, principalmente a los
jueces, a la hora de resolver, profesionalmente, los asuntos laborales llevados
a ellos.
Pero, esa ilusión
nacional, ius laboralista, 17 años después, sólo quejas y desprecio social, ha
cosechado.
La justicia laboral
hoy, respecto a 1998, sólo es diferenciada, por el tamaño de la barriga de la
actual, ya que, de justicia, nada tiene.
Los tribunales
laborales con asiento en Ciudad Guayana (al igual que, en el resto del país),
no le son útiles a los trabajadores. No actúan profesionalmente.
Los tribunales
laborales actuales, sólo obedecen a las instrucciones de los caporales de la
política adueñados, circunstancialmente, del poder nacional.
Las instrucciones,
desde el alto poder nacional es que, no
se toquen los intereses de las empresas llamadas básicas y otras
instituciones del estado, en las decisiones judiciales, aunque, en la realidad
de los casos, éstas, no tengan razón.
Ejemplo de lo antes
afirmado, es el caso de los trabajadores jubilados, después del 8 de mayo del
2012.
Recuérdese que, a los
fines de ganar las elecciones presidenciales del 2012, Hugo Rafael Chávez Frías,
anunció la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y, creo, la LOTTT.
En la LOTTT, Chávez
devolvió el pago doble de las prestaciones sociales a la realidad laboral
venezolana y, en su artículo 92, estableció que, cuando la relación laboral
termine por causas ajenas a la voluntad del trabajador/a, el patrono, en tal
situación, le debe pagar el doble de las prestaciones sociales, al trabajador/a, involucrado/a.
La jubilación es una
causa de terminación la relación laboral
ajena a la voluntad de las partes,
y si es ajena a la voluntad de las partes, es obvio que también es una causa
ajena a cada una de las partes.
Esa obviedad no la ven
los tribunales laborales de Puerto Ordaz, sólo porque tienen las instrucciones
de no reconocer el pago doble de las prestaciones sociales de los jubilados.
Así, los tribunales
laborales le sirven a los caprichos de los políticos, no a los intereses de los
trabajadores.
En el caso de la
negativa del pago doble de las prestaciones sociales de los jubilados de las
empresas básicas, los jueces laborales
saben que están mintiendo!
Vendrán tiempos
mejores!
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