En este sentido, "las personas que allí se inscriban corren el riesgo de ser estafadas", pues sus títulos no serán reconocidos por el Estado venezolano, recalcó.
González además destacó que ocurre algo curioso con las instituciones mencionadas y es que ambas están vinculadas con la Asociación Civil Ebenezer, que de acuerdo a las investigaciones realizadas por su despacho, también sirvió de promotora de la Universidad San Pablo, la cual funcionó ilegalmente y llegó hasta a otorgar títulos en forma írrita.
Esta situación "nos genera un problema, porque siempre estaremos, desde el Gobierno Bolivariano, defendiendo a los estudiantes y a quienes han sido agraviados, aprovechándose de sus expectativas de cursar estudios en la educación superior", aseguró.
La Universidad Cristiana del Sur promueve una oferta de estudios que incluye Contaduría, Relaciones Industriales, Deporte, Administración de Empresas, Derecho, Psicología y Sociología, en tanto el Consorcio Universitario Venezuela oferta en su portal digital las carreras Enfermería, Comunicación Social, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Derecho e Ingeniería de Computación, entre otras.
Según el director del MPPES, el asunto comprende "un tema muy delicado, porque la formación universitaria es una formación profesional, que implica una responsabilidad de los graduados frente al público y no podemos permitir, la Constitución nos lo exige, que esa actividad se realice de manera irresponsable".
Los dos casos mencionados se agregan a otros cuatro denunciados en la prensa nacional en diciembre de 2008, que son el Instituto de Estudios Psicocorporales, ubicado en Chuao; Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social, con sede en los Dos Caminos y el Centro Internacional de la Educación Continua, en municipio Chacao, de Miranda, y el Instituto Superior de Estudios Internacionales, que funciona en Maracay, estado Aragua.
"Estamos averiguando ubicando las sedes de otras seis instituciones que funcionan bajo estas mismas condiciones. Sus promotores deben saber que se exponen a sanciones legales. El Gobierno Bolivariano respeta el derecho establecido constitucionalmente a establecer institutos de educación privada. En tal sentido, tramitamos las solicitudes que nos llegan, pero introducir una solicitud ante el ministerio no autoriza a iniciar las actividades", argumentó González.
Acotó que algunas de estas instituciones han presentado como sustento legal un registro realizado ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), de vieja data, pero el mismo, según la Ley de Orgánica de Educación, sólo les permite ejercer funciones educativas no conducentes a título, pues para poder hacerlo deben estar "inscritas", lo que es diferente a "registradas". En todo caso, "ese registro no legitima absolutamente para nada su funcionamiento como instituciones de educación superior", alegó
Technorati Tags:
Comentarios: